El gobierno nicaragüense ha anulado la personalidad jurídica y ha confiscado los bienes de Cáritas y de dos universidades católicas, cerrándolas.
Un acuerdo ministerial publicado en la edición del 7 de marzo del periódico oficial del gobierno nicaragüense, La Gaceta, afirma que se ha cancelado la personalidad jurídica de la Universidad Juan Pablo II y de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua «por incumplimiento de las leyes que las regulan».
Acuerdos ministeriales separados publicados en la edición del 7 de marzo de La Gaceta afirman que tanto Caritas en la Diócesis de Jinotega (Caritas Jinotega), como la más grande Caritas Nicaragua, «acordaron la Disolución Voluntaria y liquidación… por decisión unánime de sus miembros».
Sin embargo, aunque los acuerdos ministeriales publicados enumeran las decisiones como voluntarias, los medios de comunicación locales están informando que las organizaciones no tenían otra opción debido a los obstáculos insuperables impuestos a las organizaciones por la dictadura nicaragüense encabezada por Daniel Ortega. Eso incluye una ley de 2022 que restringe enormemente las capacidades de las organizaciones no gubernamentales.
El cierre de la sede de Cáritas Jinotega fue aprobado el 22 de diciembre de 2022, y el de la sede de Cáritas Nicaragua el 31 de enero, según los acuerdos ministeriales. Cada acuerdo ministerial fue firmado por María Amelia Coronel Kinloch, Ministra de Gobernación.
No fue posible contactar con ninguna de las dos organizaciones, ni con Caritas Internationalis, para que hicieran comentarios.
Las recientes medidas contra las dos universidades y Cáritas se producen tras el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, de Matagalpa (Nicaragua), quien, tras rechazar el exilio, fue condenado el 10 de febrero por el gobierno a 26 años de prisión, desposeído de su ciudadanía y condenado a pagar una cuantiosa multa, acusado de traición, atentado contra la integridad nacional y difusión de noticias falsas.
El día anterior a la condena de Álvarez, 222 nicaragüenses exiliados llegaron a suelo estadounidense. Entre ellos se encontraba el padre Ramiro Tijerino, que antes de ser exiliado era rector de la Universidad Juan Pablo II.
La ofensiva del dictador Daniel Ortega contra la fe católica en los últimos años también ha incluido la detención de varios sacerdotes, la expulsión de misioneros, el cierre de emisoras de radio católicas, la clausura de otra universidad católica e incluso la prohibición de una procesión y peregrinación católicas en la capital, Managua, el pasado mes de agosto. Muchas otras personas relacionadas con la Iglesia, incluido el clero, han huido.
Los cargos contra la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua en el acuerdo ministerial incluyen no informar de sus estados financieros durante más de dos años. Los cargos específicos incluyen «no estar acreditadas en los indicadores de calidad; no reportar sus Estados Financieros y Juntas Directivas; no presentar aclaraciones sobre patrimonio, activos fijos, ingresos, gastos, ejecución de fondos; aumentos y disminuciones de cuentas sin justificación, como lo exige la ley».
El acuerdo ministerial continúa diciendo que a las universidades se les dio una prórroga desde el 13 de enero de 2022 para que se pusieran al día en lo anterior, pero no cumplieron. Estas acciones han «obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones sin Fines de Lucro de (el Ministerio de Gobernación de Nicaragua)».
También ordena que los funcionarios de las universidades deben entregar sus registros académicos -información sobre estudiantes, profesores, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrículas y calificaciones- al Consejo Nacional de Universidades (CNU). El CNU procederá a reubicar a todos los estudiantes que estaban matriculados en las universidades en diferentes instituciones, según el acuerdo ministerial. En un comunicado del 8 de marzo, las autoridades de la Universidad Juan Pablo II se declararon sorprendidas y apenadas por la cancelación de su personería jurídica, y agregaron que la universidad «se mantiene atenta a los lineamientos para la transición ante las autoridades gubernamentales correspondientes e inicia los procesos conforme a lo establecido».
«Estaremos en comunicación permanente con nuestra comunidad educativa, informando los procedimientos a seguir en la transferencia ordenada de nuestra casa de estudios a las autoridades», señalaron los funcionarios.
