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Un tribunal federal confirma la ley de Ohio que prohíbe abortar por Síndrome de Down

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Un tribunal federal ha ratificado una ley de Ohio que prohíbe a los médicos realizar abortos basándose en un diagnóstico fetal de síndrome de Down. La sentencia puede facilitar que la Corte Suprema aborde de una vez por todas las restricciones al aborto en diversos estados.

Un tribunal federal de apelaciones  levantó el martes la suspensión de una ley de Ohio que prohíbe a los médicos realizar abortos basados en un diagnóstico fetal de síndrome de Down, un caso considerado fundamental a nivel nacional.

Los jueces del Tribunal de Apelaciones del 6º Circuito de Estados Unidos decidieron por escaso margen anular dos decisiones anteriores que bloqueaban la aplicación de la ley de 2017, basándose en el probable éxito de su anulación por inconstitucional.

Una mayoría del tribunal, que se ha movido hacia posturas conservadoras en los últimos años con seis nombramientos del ex presidente Donald Trump, dijo que la ley no impide el derecho de una mujer a abortar.

En los argumenbtos de la sentencia se indica que Planned Parenthood y varios otros proveedores de abortos representados por la Unión Americana de Libertades Civiles se equivocaron al basar su caso en el «derecho absoluto» de la mujer a un aborto hasta que el feto sea viable fuera del útero, porque ese derecho no es absoluto ni es pertinente para el caso.

«En este caso, Ohio no se basa en su interés por proteger la vida potencial del feto», dice la sentencia. Su interés al aprobar la ley, en cambio, era proteger a la comunidad del síndrome de Down del «estigma que sufre por la práctica de los abortos selectivos» y proteger a la comunidad médica de los médicos poco éticos.

La ACLU había demandado al departamento de salud estatal, a la junta médica estatal y a los fiscales del condado en 2018 en nombre de los proveedores de abortos, argumentando que la ley infringe el derecho constitucional de una mujer a un procedimiento que es legal. El estado argumentó que la ley no prohíbe el procedimiento, sino que regula a los médicos.

La ley de 2017 había quedado en suspenso mientras se esperaba una sentencia que ya ha llegado. Esta ley es solo una de las varias restricciones legales al aborto en Ohio que están en los tribunales.

El Fiscal General de Ohio, Ben Flowers, dijo que la ley busca prevenir los abortos que se dirigen a los no nacidos con síndrome de Down, discriminándolos. Ese argumento encaja con los argumentos de los grupos antiabortistas, incluido Ohio Right to Life.

La decisión del martes fue elogiada por el grupo nacional antiabortista Susan B. Anthony List, cuya presidenta, Marjorie Dannenfelser, dijo que convertía a Ohio en «un refugio seguro para los bebés no nacidos con síndrome de Down».

«Esta ley incluye medidas razonables y compasivas para evitar la discriminación letal en el vientre materno», dijo en un comunicado. Dannenfelser dijo que ahora que se ha producido una división del circuito sobre la cuestión, esto da al Tribunal Supremo de EE.UU «aún más razones para intervenir» en lo que los enemigos del aborto esperan que pueda ser una revisión de la histórica sentencia Roe v. Wade que legalizó el aborto. Tanto Dannenfelser como el presidente de Ohio Right to Life, Mike Gonidakis, compararon los abortos basados en un diagnóstico de síndrome de Down con la eugenesia.

Opinión disidente

«Lo llamaré como lo que es: el brazo largo del Estado – esgrimiendo la amenaza de un delito de clase cuatro – metiendo la mano por la fuerza en una conversación profundamente íntima entre médico y paciente y diciéndole a la paciente que guarde silencio sobre su historial médico o, peor aún, que mienta a propósito sobre él», escribió la jueza Bernice Donald en un voto disidente.

La ley prohíbe específicamente a los médicos realizar un aborto si son conscientes de que un diagnóstico de síndrome de Down, o la posibilidad de dicho diagnóstico, está influyendo en la decisión. Los médicos podrían enfrentarse a una acusación de delito grave de cuarto grado, ser despojados de su licencia médica y ser considerados responsables de los daños legales. La mujer embarazada no se enfrenta a ninguna pena o sanción.