La Corte Suprema de EE.UU ha declarado conforme a la Constitución la norma del estado de Nevada que limita la asistencia a servicios religiosos bajo techo a 50 personas debido a la pandemia. Es la misma norma que permite que algunos negocios del estado, como los casinos, pueden admitir el 50% de su capacidad.
(CNA/InfoCatólica) Por una votación de 5-4 el viernes, la Corte Suprema confirmó la regulación del coronavirus de Nevada que limita la asistencia a servicios religiosos bajo techo a 50 personas.
El juez principal John Roberts y los jueces Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan decidieron denegar la solicitud de desagravio por mandato judicial presentada por Calvary Chapel Dayton Valley, una comunidad eclesial de Dayton, Nevada, a unas 70 kms millas al sudeste de Reno.
La mayoría votó sin hacer comentarios. Los mismos jueces habían dictaminado de manera similar en mayo sobre los límites del coronavirus de California en los servicios religiosos.
El juez Samuel Alito publicó una valoración discordante a la que se unieron los jueces Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, mientras que el juez Neil Gorsuch escribió otra diferente y el Kavanaugh añadió sus propias valoraciones.
La iglesia argumentaba que las regulaciones del coronavirus del Gobernador Steve Sisolak apuntaban injustamente a los centros de culto en comparación con negocios como los casinos y restaurantes. Según Alliance Defending Freedom, cuyos abogados representan a Calvary Chapel, «la norma de Sisolak permite que los casinos, restaurantes, bares, parques temáticos y gimnasios funcionen al 50% de su capacidad, pero restringe a las iglesias a reuniones de 50 o menos personas sin importar el tamaño del edificio».
La comunidad religiosa pidió permiso para reuniones de unas 90 personas, que es el 50% de su capacidad. Actualmente celebra tres servicios religiosos cada domingo. Su sitio web explica que los fieles guardan todas las normas de seguridad para evitar el contagio
La norma Sisolak indica que los casinos están más regulados por el Estado que los lugares de culto, y por lo tanto representan una menor amenaza para la salud pública.