Los Decanos de las Facultades de Derecho de varias universidades argentinas han publicado un comunicado en el que muestra su rechazo a la designación de la doctora Marisa Graham, proabortista, como defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
(InfoCatólica) Los decanos advierten que no tiene sentido que alguien que está a favor de matar a los niños antes de nacer ocupe ese cargo. Además, desechan el argumento de que la condición de abortista de Graham no vaya a influir en su labor.
El comunicado ha sido firmado por Pablo María Garat (Facultad de Derecho. Buenos Aires), Martín Acevedo Miño (Facultad «Teresa de Ávila». Paraná), Luis María Caterina (Facultad de Derecho. Rosario), de la Universidad Católica Argentina; Miguel Gonzáles Andia (Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Católica de la Plata), Ricardo von Büren (Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino), Livia Mercedes Uriol (Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad del Salvador) y María Paula Giaccaglia (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Fasta).
Comunicado
Los firmantes, en nuestro carácter de Decanos de las Facultades de Derecho abajo mencionadas, hacemos público nuestro rechazo a la designación de la Dra. Marisa Graham como Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Su pública y manifiesta militancia en favor de la legalización del aborto resulta discriminatoria respecto de un número indeterminado de personas que quedarían desprotegidas, desamparadas y privadas de la defensa de sus más elementales derechos, en clara violación de la Constitución Nacional (entre otros, Arts. 75, inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional, Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 3 y 4 y Convención sobre los Derechos del Niño – texto aprobado por ley 23.849 -, arts. 1 y 6, inc., 1 y 2), y del art. 19 del Código Civil y Comercial.
Los mismos reconocen que la vida de las personas comienza con la concepción y que desde ese momento ya se es niño y hasta los 18 años; que todos los niños tienen derecho intrínseco a la vida desde la concepción y que su supervivencia y desarrollo sea garantizado desde ese momento, en la máxima medida posible, por el Estado y sin discriminación alguna.
Las argumentaciones invocadas por la Dra. Graham en cuanto a que su posición sobre la legalización del aborto no influirá en el ejercicio de su cargo resultan insostenibles, en tanto no se entiende cómo defenderá el derecho a la vida de los niños por nacer, que son personas conforme a normas de máxima jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico.
Y las que se invocan pretendiendo que los niños por nacer no son personas para nuestro ordenamiento, además de falaces, resultan inadmisibles desde la primera regla de interpretación jurídica que es la literal.
Si se pretende otra cosa debe reformarse la Constitución Nacional, denunciar al menos dos tratados sobre derechos humanos, modificar el Código Civil y Comercial y los arts. 1, 2 y 3 de la Ley 26.061.
Mientras tanto la designación de la doctora Marisa Graham resulta manifiestamente violatoria del orden jurídico federal.
